¿Derecho al trabajo?

Dificil es hablar del derecho al trabajo,  reconocido en el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 35 de nuestra Constitución en un contexto como el actual.

La Memoria de Empleo 2012 de Cáritas, presentada la semana pasada, señala de manera rotunda que la crisis del mercado laboral iniciada en 2007 parece no tocar fin, y su consecuencia más dramática: la destrucción de empleo.

En 2012 el mercado de trabajo ha registrado los peores resultados de la etapa democrática en España, con una tasa de paro superior al 26% (5.965.400 desempleados, según la  EPA 4º trimestre 2012). Esto quiere decir que desde el año 2007 se han destruido más de cuatro millones de puestos de trabajo. 

 La tasa de desempleo en España es 2,5 veces mayor a la del promedio de la UE-27.

Lejos de vislumbrar alguna mejora, el número de personas desempleadas ha aumentado en 690.000 personas de 2011 a 2012.

 Pero además este desempleo no afecta a toda la población por igual. La vulneración de los derechos humanos, y en este caso, el derecho al trabajo, incide e impacta de manera mucho más dramática sobre aquellos sectores más vulnerables de la población. En estos momentos es alarmante el desempleo juvenil, cuya tasa supera el 55%, tal y como señala esta Memoria.

Más de la mitad de las personas desempleadas llevan más de un año sin encontrar trabajo, con lo que esto supone para su incorporación plena en la sociedad, y el disfrute de otros derechos.

 Los hogares en España que carecen de ingresos se han duplicado desde el inicio de la crisis, 2007, según Cáritas. De 348.300 hogares sin ingresos en 2007 se ha pasado a 638.300 en 2012. Esta situación se complica aún más si tenemos en cuenta que los hogares con todos los activos ( es decir, población en edad de trabajar), en paro, se han multiplicado por cuatro. Si en 2007 eran 441.700 en 2007 en 2012 ha son 1.833.700.

 ¿Qué puede implicar un panorama enmarcado en estas cifras? La respuesta no es dificil... Un país que se va configurando sobre algo tan preocupante como es la desigualdad. La caída de las rentas de los hogares ha hecho que el umbral de la pobreza en nuestro país descienda de forma dramática. Si en 2009 era de 8000 euros para una persona sola, ha pasado a ser 7300 euros en 2012.

Según el INE, el 26,8% de la población en España se encuentra en situación de pobreza y exclusión social.

Un dato que no podemos obviar, que no podemos dejar de lado. Cifras que de alguna manera van configurando una estructura socio-económica que nos afecta a todas y todos. Que no solo tiene que ver con la gente que ha perdido el empleo.

Las políticas de garantía y defensa del derecho al trabajo deben ser prioritarias, urgentes.

No podemos olvidar que entre otras cosas,  el derecho al trabajo es la base para una vida digna.