Dia Mundial del Agua, 22 de Marzo

Hoy se celebra el Dia Mundial del Agua.
El derecho al agua y saneamiento constituye un elemento clave para la garantía del derecho a la vida y el derecho a la salud. Aunque explícitamente el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, no lo consideraba, el marco internacional de protección de los derechos humanos siempre lo ha tenido incorporado en otras convenciones, declaraciones o instrumentos.
A partir del año 2002 se inicia un proceso en el reconocimiento del agua como derecho, que culminó en 2010, con una declaración de la Asamblea y el Consejo de derechos humanos reconociendo el derecho al agua y saneamiento.
El derecho al agua se fundamenta  en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del hombre del 1948, que recoge el derecho a la vida, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (PIDESC), de 1966, donde también se establece el derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11)  y a la salud (art. 12).

El derecho al agua se ve garantizado cuando hay abastecimiento de agua de manera suficiente y continua para usos personales y domésticos, es un agua de calidad, carente de microorganismos o sustancias peligrosas que puedan perjudicar la salud. Asimismo tiene que ser accesible desde un punto de vista físico, y asequible económicamente.
El agua y sus servicios básicos deben garantizarse a todas las personas prestando especial atención a los sectores más vulnerables y marginados de la población.

Todas las personas tienen derecho a participar en la elaboración y planificación de las políticas de agua como condición básica para ejercer el derecho al agua.

 A pesar de esto, y según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- la privación de acceso al agua es una crisis silenciosa que experimenta la población más vulnerable y que toleran aquellos con los recursos, la tecnología y el poder político para resolverla. Es una crisis que se cobra más vidas a causa de las enfermedades que una guerra a través de las armas al mismo tiempo que refuerza las graves desigualdades de oportunidades.

En la actualidad cerca de 1000 millones de personas se ven privadas de su derecho de acceso a agua limpia y 2.500 millones carecen de saneamiento adecuado.
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel clave en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, así como en la denuncia de todas aquellas vulneraciones y violaciones que se producen en este ámbito.

2013 ha sido declarado como Año Internacional en la esfera del agua. La cooperación en la esfera del agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. La buena gestión y la cooperación entre los diferentes grupos de usuarios es fundamental para la garantía de este derechos.

Desde aqui, animamos a leer el manifiesto que ha hecho la Red de agua pública, http://redaguapublica.wordpress.com/ con el lema Día de Lucha contra la Privatización del Agua en Europa Austeridad y Buen Gobierno = Gestión Pública, Participativa y Transparente

También animamos a firmar la Iniciativa Ciudadana Europea que promueve el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, así como la exclusión del espacio del mercado de este tipo de servicios públicos en la UE, promoviendo nuevos modelos de gestión pública participativa y transparente.

Informe conjunto al Comité de DESC, con motivo del 5º Informe periódico a España

Con motivo del 5º informe periódico a España, en mayo 2012, varias organizaciones presentaron un Informe conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde analizan la situación de estos derechos en virtud de los compromisos adoptados por España: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/JointSubmission19NGOs_Spain_CESCR48_sp.pdf

Nos parece un informe muy interesante en el que las organizaciones que firman el documento solicitan al Comité DESC que inste al Estado español a no adotar medidas regresivas y que tome en cuenta los derechos humanos a la hora de diseñar, implementar y evaluar estrategias tendentes a la recuperación económica. 

Se señala con contundencia que la crisis económica no puede ser una justificación para relegar a un segundo plano los DESC sino que su protección debe tener carácter prioritario.

En el año 2009 el Consejo de Derechos humanos exhortó a los Estados a que “tengan presente que las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades nacionales y la comunidad internacional en la realización de los derechos humanos” señalando que los principios de ddhh deben guiar cualquier estrategia de recuperación para hacer frente a una recuperación económica. 

El informe recoge los principales principios de derechos humanos, y el contenido de derechos que en la actualidad están siendo objeto de un importante retroceso en España: derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho al trabajo o el derecho a un nivel de vida adecuado. 
España se ha convertido en uno de los países de la UE con menor proporción de ingresos al gasto público social. 
Los recortes suponen un acceso desigual de la población a los servicios sociales públicos dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.

Uno de las tendencias preocupantes es que España ha hecho un importante retroceso en el cumplimiento de dedicar el 0,7% de su PNB a AOD. Esta meta corresponde a una obligación del PIDESC de brindar cooperación y asistencia técnica a otros países con menores recursos.

También los pocos avances que ha habido en materia de coherencia de políticas para el desarrollo  plantean un gran interrogante sobre el impacto de otras políticas del gobierno como son las políticas migratorias y comerciales

El desempleo ha aumentado dramáticamente en los últimos 5 años, y mas de una de cada cinco personas están sin trabajo. El desempleo de larga duración se ha quintuplicado desde el inciio de la crisis en 2008. Son cifras que inciden de manera más acuciante en colectivos de mayor vulnerabilidad. 

Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza en España. El 22% de los hogares españoles vive por debajo del umbral de pobreza. 580.000 hogares en España no reciben ningún ingreso ( estudio Foessa y Cáritas). 

La desigualdad también está aumentando ( aumento del coeficiente Gini de 30,7 a 33,9 en 6 años-2004 a 2010), y la proporción del 20% de rentas más altas respecto al 20% de rentas más bajas ha aumentado de 6 a 6,9 en un solo año

El progreso hacia la universalización del sistema sanitario y el acceso a los servicios de salud se ha visto afectado negativamente por las medidas de austeridad y la reducción de gasto en este sector.España es uno de los pases de la UE  con menor tasa de gasto público en salud, y además el porcentaje varía muy significativamente de una comunidad a otra.  

Los drásticos recortes del gasto público en educación configuran una regresividad en este derecho. El sector de la educación es uno de los que ha sufrido mayor impacto por los recortes, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas.

Las consecuencias de estos recortes ponen en   riesgo no solo el derecho a la educación sino el derecho al trabajo y el derecho a un nivel de vida adecuado de las siguientes generaciones. 

Tampoco sale bien parada España en cuanto a la discriminación e igualdad de la mujer. Un contexto como el actual resta prioridad a los esfuerzos del Estado para combatir la discriminación por razón de género. Las mujeres continúan sufriendo discriminación, tanto en el mercado laboral como en la vida pública y privada. Su participación política sigue siendo inferior a la de los hombres. Sigue habiendo brecha salarial notable entre hombres y mujeres

Cuando la injusticia es negocio

Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones.

Informe publicado por CEO, Corporate Europe Observatory, y TNI, Transnational Institute. Autoras: Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, con aportaciones de Tyler Amos y Nick Buxton.

Los tratados internacionales de inversiones son acuerdos entre Estados y determinan los derechos de los inversores en los territorios de cada uno. Son, en gran medida, usados por poderosas corporaciones para demandar a los Gobiernos cuando estas consideran que un cambio en las políticas del Estado –aun cuando el cambio busque proteger a la salud pública o el medio ambiente– afecta sus ganancias.

Hasta fines de 2011, se habían firmado más de 3.000 tratados internacionales de inversión, generando un gran aumento de las demandas presentadas por inversores ante los tribunales de arbitraje internacional. Los costos de estas demandas pesan sobre los Gobiernos en forma de grandes facturas legales, el debilitamiento de la regulación social y ambiental y un peso en las cargas fiscales de las personas, a menudo en países con importantes necesidades sociales y económicas.

Sin embargo, aunque estos costos financieros y sociales son cada vez más visibles, hay un sector que se ha mantenido prácticamente al margen del escrutinio público: la industria jurídica que se está beneficiando con el auge de las disputas inversor-Estado. El presente informe trata de abordar este tema analizando, por primera vez, quiénes son los principales actores de la industria del arbitraje de inversiones. El objetivo es arrojar luz sobre las firmas de abogados, los árbitros y las compañías financiadoras que se están beneficiando ampliamente de las demandas contra los Gobiernos.

El informe demuestra que la industria del arbitraje está lejos de ser una beneficiaria pasiva de la legislación internacional en materia de inversiones. Por el contrario, los integrantes de esta industria desempeñan un papel activo. Muchos de los abogados especializados en inversiones mantienen fuertes vínculos personales y comerciales con compañías multinacionales y ostentan
cargos destacados en instituciones académicas, desde donde defienden enérgicamente el régimen internacional de inversiones. Así, no solo buscan las oportunidades para demandar a los Gobiernos, sino que también desarrollan una fuerte y exitosa campaña contra toda posible reforma de dicho régimen.

El sistema de arbitraje internacional de inversiones fue establecido por varios Gobiernos occidentales, que justificaron su instauración alegando que se necesitaba un mecanismo de solución de diferencias que fuera justo y neutral a la hora de proteger las inversiones de sus corporaciones frente a las supuestas situaciones de favoritismo y corrupción que se daban en los tribunales nacionales. En principio, los árbitros internacionales serían garantes y custodios de este régimen.

Sin embargo, se ha hecho evidente que, en lugar de actuar como intermediarios justos y neutrales, los árbitros internacionales tienen un enorme interés en salvaguardar un régimen de inversiones que prioriza los derechos de los inversores en detrimento de las decisiones de los Gobiernos. De este modo, han construido una industria multimillonaria que se autoalimenta, dominada por un selecto grupo de firmas y abogados cuyas interconexiones y numerosos intereses financieros plantean serias dudas sobre su compromiso de dictar sentencias justas e independientes.

Descárgate la publicación Cuando la injusticia es negocio  
Fuente:  Transnational Institute

Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas

Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas

Editado por  Martin Pigeon, David A. McDonald, Olivier Hoedeman and Satoko Kishimoto. Transnational Institute, Amsterdam.

Recomendamos esta sugestiva lectura para fomentar el debate y el análisis comparativo con las actuales propuestas privatizadoras en muchos municipios españoles (Candeleda, Puerto de Santa María, Huelva, Madrid y muchos más). Así comienza el capítulo I:

«No es fácil para muchos reconocerlo,  pero los procesos de remunicipalización están creciendo y convirtiéndose en tendencia en el sector del agua. La remunicipalización, que consiste en transferir los servicios desde las compañías de privadas de agua a las autoridades municipales, demuestra que el sector público puede superar la gestión del sector privado y ser un proveedor de agua efectivo en cualquier lugar del mundo.

Este libro revisa cinco ejemplos recientes de remunicipalización – en París (Francia), Dar es Salaam (Tanzania), Buenos Aires (Argentina), Hamilton (Canadá), y diversos municipios de Malasia- , analizando por qué está ocurriendo, cómo están teniendo lugar estas transformaciones, el impacto positivo del control público de los servicios, y las lecciones aprendidas de estas experiencias.

Las razones para la remunicipalización son diversas, pero en gran parte están vinculadas al fracaso de la privatización del agua. Incluso el Banco Mundial ha hecho un llamamiento a “repensar” las políticas privatizadoras, reconociendo los problemas regulatorios asociados con los proveedores multinacionales de agua, y tras comprobar los efectos que el modelo de gestión orientado a generar beneficios puede tener en los trabajadores,  los hogares con bajos ingresos y el medio ambiente. 

 

Como resultado, se ha ralentizado la privatización de servicios de agua en relación con las décadas de los 80 y 90, pero el afán mercantilizador continúa, especialmente a través de los PPP, los llamados partenariados públicos-privados.

 En efecto, el Banco Mundial y muchas agencias de Naciones Unidas todavía abogan por la participación del sector privado en la provisión de agua y continúan invirtiendo en think tanks, conferencias y publicaciones que promueven  y financian la involucración de empresas privadas en la gestión de servicios de agua en todo el mundo.

No es de extrañar que la resistencia a esta tendencia privatizadora continúe también. Desde las protestas callejeras en Cochabamba, Bolivia, que forzaron a las compañías multinacionales a abandonar la ciudad en el año 2000, a los movimientos de base que luchan, en India y Estados Unidos, para proteger sus aguas subterráneas frente a las empresas embotelladoras de agua, a las investigaciones y trabajos académicos acerca de la mercantilización del agua, la movilización contra la privatización del agua sigue siendo intensa».

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8 de marzo, Dia de la Mujer trabajadora

Foto. Elena de Luis

Podriamos decir que este día es el día de la mujer trabajadora, y en general de todas las mujeres. Es un dia que trata de homenajear a tantas y tantas mujeres que siguen sufriendo discriminación por el solo hecho de haber nacido mujer.

Desde este blog, donde pretendemos reflexionar sobre los derechos humanos, no podemos perder de vista la situacion de los derechos de las mujeres, que a fecha de hoy, en países desarrollados o no, siguen viendo vulnerados... El derecho a la educación, a la salud, a la libertad de expresión, a vivir con dignidad, el derecho a la vida... Podriamos seguir señalando derechos vulnerados, no garantizados, violentados, de millones de mujeres en distintos lugares del mundo.

No podemos olvidar que de los 1300 millones de persona por debajo del umbral de la pobreza en el mundo, un 70% son mujeres y niñas.

Hablar de derechos, implica necesariamente hablar de las diferencias en el acceso y disfrute de éstos por parte de mujeres y hombres.
Es necesaria una manera diferente de ver las cosas, analizar la historia y las causas estructurales de discriminación para que se lleve a cabo un cambio en la redistribución de las relaciones de poder. Incorporar las necesidades y experiencias de las mujeres, su visión de la historia, sus luchas por la igualdad.

Por eso hoy queremo rescatar aqui el papel de tantas y tantas mujeres en la lucha por la defensa de los derechos humanos.

Como dice la Coordinadora Estatal de ONGD con motivo del Día Internacional de la Mujer, " ni un paso atrás en los derechos conquistados por las mujeres": http://www.coordinadoraongd.org/index.php/noticias/vernoticia/id_noticia/1859

Uni en la Calle próximo sábado 9 marzo en la Comunidad de Madrid

Este proximo sábado 9 de marzo, más de 500 profesoras y profesores, y personal investigador de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, junto con la UNED y el Centro Superior de Investigaciones Científicas, saldrán a las calles para dar clase, en el marco de la propuesta "Uni en la Calle"

Se trata de un acto de protesta más contra los gravísimos recortes que están sufriendo todos los sectores educativos, del que la universidad no queda exenta. Se pretende también rechazar la subida de tasas y la precarización de los trabajadoes universitarios e investigadores.

La Uni en la calle pretende concienciar a la opinión pública del valor que para la sociedad tiene la labor docente e investigadora de las universidades. Serán  muchas las actividades que se realicen, en distintos municipios y calles de esta comunidad.

Los programas pueden consultarse en el enlace http://unienlacalle.net/

No podemos olvidar que la vulneración del derecho a la educación no solo atenta contra este derecho recogido en nuestra Constitucion sino que además se vincula de manera directa con la vulneración de otros derechos, como son el derecho al trabajo, y a una vida digna.

Nuestro derecho al agua: una guía para implementar el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento de las Naciones Unidas

¡Recomendamos!

Nuestro derecho al agua:

Una guía para las personas para implementar el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento de las Naciones Unidas.

Por Maude Barlow, Presidenta Nacional del consejo de Canadienses.  

Muchas personas defensoras de los derechos humanos conocen las recientes resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos,  aprobadas en 2010, en las que por fin se reconoce el derecho humano al agua potable segura y al saneamiento como “esencial para el pleno disfrute del derecho a la vida”. Pero pocas lo pueden contar como Maude Barlow, quién comienza esta guía describiendo el ambiente que se respiraba en la Asamblea General, el día en que se votó la resolución A/RES/64/292 :

«Para aquellos de nosotros que nos encontrábamos ese día en el balcón de la Asamblea General, la atmósfera estaba cargada de tensión. Varios países poderosos se habían alineado para oponerse a la resolución, de manera que se debía someter a votación. Pablo Solón, el embajador de Bolivia ante la ONU, presentó la resolución recordándole a la Asamblea que casi dos tercios del cuerpo humano se compone de agua…»

Su relato continúa transmitiendo la emoción de ese día histórico, para a continuación plantear por qué es tan necesario este reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento por parte de la comunidad internacional, en un momento en que la desigual batalla por la apropiación de las fuentes de agua y la privatización de su gestión y explotación está enfrentando a corporaciones multinacionales frente a la gente común, y perjudicando especialmente a los más débiles: grupos indígenas, comunidades rurales, etnias o grupos marginados, mujeres, y en general familias sin recursos de todo el mundo.

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Barlow plantea cómo la sociedad civil puede utilizar estas dos resoluciones, A/RES/64/292  y A/HRC/RES/18/1 (además de la inspiradora Observación Nº 15, de 2002, del PIDESC, (el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) para exigir a sus gobiernos que respeten, protejan y cumplan progresivamente este derecho, puesto que es jurídicamente vinculante, y de cuyo cumplimiento los estados deberán rendir cuentas.

Recomendamos vivamente la lectura de esta guía de la activista de derechos humanos y ecología Maude Barlow, cuya tarea infatigable en favor del reconocimiento del derecho humano al agua y saneamiento le ha valido el premio nobel alternativo en 2005, diez doctorados honoríficos y el respeto y gratitud de cientos de movimientos civiles de derechos humanos en todo el mundo.