El gobierno de España deberá informar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la vulneración de los derechos de las personas inmigrantes

El Comité que vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha pedido a España que dé explicaciones sobre las devoluciones sumarias de inmigrantes ( las llamadas devoluciones en caliente), en Ceuta y Melilla, asi como la muerte de 15 personas frente a la playa de El Tarajal, la violencia policial que se ha dado en las vallas fronterizas y las denuncias de malos trataos a inmigrantes en los CIES, los Centros de internamiento de extranjeros.
Estas explicaciones se solicitan con motivo de la próxima revisión de la situación de España en cumplimiento de los derechos contenidos en este pacto, que tendrá lugar en julio de 2015.
Los Estados que ratifican los Pactos de derechos humanos asumen la obligación de presentar informes periódicos de revisión de los avances y compromisos. Para ello se establece un procedimiento donde participan tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil. Los Estados envían un primer informe detallando las políticas que existen para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones. Las organizaciones pueden también presentar informes complementarios, como hizo Rights International Spain (RIS).

En este proceso el Comité ha solicitado a España que presente información al entender que se pueden estar cometiendo abusos contra las personas extranjeras en los procedimientos de expulsión, sobre todo población marroquí, y que muchas de estas expulsiones no están cumpliendo los procedimientos establecidos. Recaba también información sobre las medidas adoptadas para terminar con los controles policiales basado en perfiles raciales y étnicos.

Asimismo solicitan información las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, sobre la brecha salarial y la segregación ocupacional y sobre los avances en la lucha contra la violencia de género.

Pueden consultarse los informes presentados por el Estado y por organizaciones de la sociedad civil en este enlace: Sesión 114 Comité para los Derechos Civiles y Políticos

El derecho a la alimentación en España

Hace unas semanas se celebraba el Día Mundial de la Alimentación. Y en este sentido, nos parece importante abordar la situación de este derecho en España.
El derecho a la alimentación adecuada está reconocido en los distintos tratados internacionales que ha firmado y ratificado el Estado español. Sin embargo en estos momentos la situación de este derecho está siendo vulnerada para muchas familias. En este sentido se pronunciaron distintas organizaciones sociales en un informe presentado al Consejo de Derechos humanos con motivo de la revisión de la situación de los derechos humanos de España, en el Informe Periódico Universal de las Naciones Unidas 
http://www.idhc.org/esp/documents/incidencia/epu/20140613_Presentacion_Conjunta_EPU2015.pdf)

Se calcula que el 16% de la población española sufre de malnutrición. La Federación de Bancos de Alimentos (FESBAL) atendió a 1,5 millones de personas en 2012, el doble que en 2008. También Caritas ha pasado de atender de 350.000 a 1,3 millones en 2013, a través de sus comedores o almacenes. Cruz Roja atiende a 2,4 millones.. 

A esto habría que sumar muchas iniciativas vecinales y ciudadanas que tratan también de paliar, en la medida que pueden, esta situación que se presenta en sus municipios y lugares cercanos. Son muchas las despensas solidarias, bancos de alimentos o programas similares que se están organizando por distintos lugares, y que apoyan en alimentos a la población, ante un recorte de las políticas sociales y disminución de los programas de apoyo a nivel municipal.

Y sin embargo en este contexto que cada vez dificulta más que muchas familias puedan cubrir de manera digna sus necesidades de alimentación, se han eliminado ayudas como la renta básica de emancipación, ayudas a la dependencia, y a la vez son cada vez más duros los requisitos para acceder a prestaciones sociales. Tampoco las políticas sociales relacionadas con el sistema educativo contribuyen a abordar esta situación de manera proactiva. La reducción de las becas de comedor ha afectado a muchos niños y niñas, cuya única fuente de alimentación proporcionada y adecuada, era la comida en los comedores escolares. Y en el ámbito de la educación secundaria el horario continuado ha supuesto la eliminación de becas de comedor, y al mismo tiempo, la no asunción por parte del Estado de asumir responsabilidades en este aspecto.

Como señala también ese informe, en estos momentos las transferencias sociales contribuyen de modo insuficiente a la reducción de la pobreza y la precariedad laboral.   

Desde los movimientos sociales, desde las organizaciones, se hace un esfuerzo importante por tratar de paliar situaciones de recorte de derechos. Y esto es importante. Pero tampoco puede perderse de vista que la garantía, la promoción y la protección de los derechos es una obligación estatal. Que el Estado delegue responsabilidad en manos de las entidades caritativas, privadas o iniciativas ciudadanas, no es más que una no asunción de sus obligaciones, obligaciones que no podemos olvidar, ha contraído. 

Día Mundial de la Alimentación 2014

Ayer fue el Día Mundial de la Alimentación, que ha tenido como tema principal la agricultura familiar. Con ello la FAO ha pretendido promover la sensibilización sobre la agricultura familiar y los colectivos de la pequeña agricultura, aprovechando que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2014 “Año Internacional de la Agricultura Familiar”.

Este ámbito juega un papel clave en la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la mejora de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales.

La agricultura familiar, tal y como señala la campaña tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural; está ligada de manera indisociable a la seguridad alimentaria mundial; rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales; y representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades.

En días como el que se celebraba ayer, no podemos olvidar que todavía hay 805 millones de personas crónicamente subalimentadas, como señala el último informe de la FAO, El Estado de la inseguridadalimentaria en el mundo, 2013. Es decir, millones de personas que no tienen garantizado su derecho a la alimentación.

Tampoco debemos olvidar el papel que juegan los intereses comerciales y políticos en todas las cuestiones que afectan a este derecho.

 

Vulneración sistemática de los derechos humanos en Palestina

La ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza, con la operación Margen protector iniciada el pasado 8 de julio,  vuelve a poner encima de la mesa la realidad de David contra Goliat, y la enorme vulneración de los derechos humanos que está cometiendo Israel contra Palestina, violación sistemática de un derecho tras otro.Incumplimiento de compromisos internacionales, oídos sordos a la comunidad internacional y a las últimas resoluciones de las Naciones Unidas. Más colonias, más apartheid, más represión y violencia como respuesta de Israel a todo intento negociador.

En este momento ya son mas de 500 las personas asesinadas en los últimos ataques y mas de 3000 heridas. La violencia de las imágenes estremece , la impotencia que genera también. No se permiten ni siquiera los corredores humanitarios, para permitir que los heridos puedan acceder a los hospitales, como señalaba personal de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas  para los refugiados de Palestina.

La situación humanitaria se deteriora cada día. En estos momentos el 90% de la población ya no dispone de suministro eléctrico, que ha sido interrumpido por Israel.  La población acapara alimentos. El bloqueo que sufren desde hace ya siete años está generando unas condiciones de vida indignas y humillantes para más de 1,7 millones de personas.

Es una sistemática vulneración de todos los derechos humanos.

Y esto hace urgente la toma de conciencia y la co-responsabilidad de la comunidad internacional. 

Hay que seguir denunciando en todas las esferas posibles y al mismo tiempo, buscar otras opciones que pueden generar presión en el gobierno de Israel. 

Desde hace años, hay un llamamiento de la sociedad palestina al Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel. Y en este sentido, al mismo tiempo que la ocupación y el apartheid ha ido en ascenso, se han ido consolidando campañas internacionales para presionar a Israel a través de un boicot económico, académico y cultural. El BDS se ha convertido en un instrumento eficaz de movilización social y presión política, que pone encima de la mesa otra forma de entender la política y la solidaridad como se hizo con el apartheid de Sudáfrica. Por eso nos parece una propuesta que hay que apoyar y difundir. Mas información en Campaña BDS

Informe conjunto ante la próxima revisión de España en el Informe periódico universal

Varias organizaciones sociales han presentado informe conjunto al Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas con motivo de la próxima revisión de la situación de España en cuanto a los derechos humanos (en la sesión 21ª del Informe periódico Universal-EPU-), que se hará en octubre de 2014.

Señala este informe que en los últimos cinco años ha habido un claro retroceso en el ejercicio y disfrute efectivo de derechos en el territorio español. En estos momentos la tasa de desempleo es la más alta de Euoropa, 26,7%. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta ya a un 28,2% de la población y al mismo tiempo nuestro país presenta el mayor índice de desigualdad de ingresos de la Unión Europea ( según datos de la memoria 2013 del CES).

Las políticas adoptadas por el gobierno frente a la crisis han conducido a una regresión aun mayor de derechos básicos como el derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno, a una alimentación adecuada y a una vivienda digna. Pero también a un ambiente de desánimo social, y protesta ciudadana que han sido abordadas desde una regresión también en los derechos civiles y políticos, limitando la libertad de expresión, manifestación e incluso una criminalización de la protesta ciudadana.

El informe recoge más en concreto la situación de cada uno de estos derechos que están siendo vulnerados, y formula finalmente algunas recomendaciones:

-     Dedicar el máximo de recursos disponibles a hacer efectivos los derechos humanos y garantizar la protección social de los grupos más vulnerables
-   Ofrecer información pública sobre el impacto que las políticas de “austericidio” tienen en los derechos
-  Avanzar en políticas integrales para la creación de empleo desde una perspectiva de los derechos humanos
-  Abstenerse de adoptar y anular medidas legislativas y de políticas públicas que producen situaciones de discriminación

Recomendamos la lectura del informe, que puede descargarse en:  http://www.idhc.org/esp/documents/incidencia/epu/20140613_Presentacion_Conjunta_EPU2015.pdf

Pobreza energética

Interesante artículo publicado en el diario.es en el que Rodolfo Reiznik señala que los 17 años de vida del mercado eléctrico han puesto encima de la mesa una modalidad de pobreza que pensábamos que estaba ya superada, la pobreza energética.

Cuando hablamos de pobreza energética nos referimos a " la incapacidad de un hogar satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir sus necesidades básicas" como la climatización del hogar cocinar, asearse, etc. 

En estos momentos la falta de acceso y disponibilidad de energía eléctrica, por no poder pagar la factura, puede suponer  un riesgo grave y una amenaza para el derecho a la salud e incluso el derecho a la vida.

Desde que inició la crisis las familias afectadas por el desempleo o la reducción de los salarios, la disminución de los apoyos sociales, y la caída de ingresos, ha hecho que una parte importante de la población no tenga capacidad suficiente para afrontar los gastos derivados del uso de energía eléctrica en sus viviendas.

Las familias van desarrollando estrategias de disminución del gasto, que en muchos casos pasa por una reducción en el uso de la energía ( bien para calefacción o para agua caliente) y en muchos casos, deriva una imposibilidad del pago por tener que dedicarlo a otras necesidades básicas como la alimentación.  Este impago tiene la consecuencia directa en muchos casos del corte en el suministro.

Señala el artículo que una familia gasta de promedio en energía un 10% de los ingresos disponibles. Si este dato lo cruzamos con los  dos millones de hogares con todos sus miembros en paro, al menos el  7,2% de los hogares españoles no tienen recursos para afrontar los gastos de electricidad. La Comisión Nacional de la Energía ha señalado que el 5% de la población española ha tenido problemas para pagar los recibos de la luz ya en 2012, y a 1,4 millones de viviendas se les cortó el servicio

Entre 2008 y 2013 la subida de la electricidad fue de un 9%. Mientras tanto las tres compañías eléctricas dominantes (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Unión Fenosa) han declarado un beneficio neto en conjunto de 45.000 millones de euros en la misma etapa.

La subasta de electricidad de "último recurso", la llamada CESUR, en diciembre de 2013 concluyó con un incremento del precio de la luz en 11% llevando al gobierno a tener que suspender ese procedimiento tarifario.

En 17 años el mercado eléctrico no ha traído ninguna mejora a los ciudadanos: ni han bajado los precios de la energía, ni los ciudadanos perciben un cambio en la calidad y confiabilidad del servicio en relación al sistema regulado que había antes de 1997.

En el momento en que servicios como el suministro eléctrico, pasan a formar parte de un mercado y a cotizar en bolsa, al margen de que tiene que ver con derechos básicos, el mercado eléctrico, seguirá sin duda castigando a los más débiles sin que se adopte solución alguna para estabilizar el precio y asegurar el acceso a un servicio básico para la población.

No nos cansaremos de repetir que hay determinados servicios que no deben dejarse en manos del mercado, porque de otra manera, acabarán vulnerando y violando derechos básicos que garantizan y permiten una vida digna.

Para profundizar: pobreza energética