Dificil es hablar del derecho al trabajo, reconocido en el
art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
en el artículo 35 de nuestra Constitución en un contexto como el actual.
La Memoria de Empleo 2012 de Cáritas, presentada la semana pasada, señala de manera
rotunda que la crisis del mercado laboral iniciada en 2007 parece no tocar fin,
y su consecuencia más dramática: la destrucción de empleo.
En 2012 el mercado de trabajo ha registrado los peores resultados
de la etapa democrática en España, con una tasa de paro superior al 26% (5.965.400 desempleados, según la EPA 4º
trimestre 2012). Esto quiere decir que desde el año 2007 se han destruido más
de cuatro millones de puestos de trabajo.
La tasa de desempleo en España es 2,5 veces mayor a la del
promedio de la UE-27.
Lejos de vislumbrar alguna mejora, el número de personas
desempleadas ha aumentado en 690.000 personas de 2011 a 2012.
Pero además este desempleo no afecta a toda la población por
igual. La vulneración de los derechos humanos, y en este caso, el derecho al
trabajo, incide e impacta de manera mucho más dramática sobre aquellos sectores
más vulnerables de la población. En estos momentos es alarmante el desempleo
juvenil, cuya tasa supera el 55%, tal y como señala esta Memoria.
Más de la mitad de las personas desempleadas llevan más de un año
sin encontrar trabajo, con lo que esto supone para su incorporación plena en la
sociedad, y el disfrute de otros derechos.
Los hogares en España que carecen de ingresos se han duplicado
desde el inicio de la crisis, 2007, según Cáritas. De 348.300 hogares sin ingresos en 2007 se ha pasado a 638.300 en 2012. Esta situación se
complica aún más si tenemos en cuenta que los hogares con todos los activos (
es decir, población en edad de trabajar), en paro, se han multiplicado por
cuatro. Si en 2007 eran 441.700 en 2007 en 2012 ha son 1.833.700.
¿Qué puede implicar un panorama enmarcado en estas cifras? La respuesta no es dificil... Un país
que se va configurando sobre algo tan preocupante como es la desigualdad. La
caída de las rentas de los hogares ha hecho que el umbral de la pobreza en
nuestro país descienda de forma dramática. Si en 2009 era de 8000 euros para
una persona sola, ha pasado a ser 7300 euros en 2012.
Según el INE, el 26,8%
de la población en España se encuentra en situación de pobreza y exclusión
social.
Un dato que no podemos obviar, que no podemos dejar de lado. Cifras que de alguna manera van configurando una estructura socio-económica que nos
afecta a todas y todos. Que no solo tiene que ver con la gente que ha perdido
el empleo.
Las políticas de garantía y defensa del derecho al trabajo deben
ser prioritarias, urgentes.
No podemos olvidar que entre otras cosas, el derecho al trabajo es
la base para una vida digna.