El gobierno de España deberá informar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la vulneración de los derechos de las personas inmigrantes

El Comité que vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha pedido a España que dé explicaciones sobre las devoluciones sumarias de inmigrantes ( las llamadas devoluciones en caliente), en Ceuta y Melilla, asi como la muerte de 15 personas frente a la playa de El Tarajal, la violencia policial que se ha dado en las vallas fronterizas y las denuncias de malos trataos a inmigrantes en los CIES, los Centros de internamiento de extranjeros.
Estas explicaciones se solicitan con motivo de la próxima revisión de la situación de España en cumplimiento de los derechos contenidos en este pacto, que tendrá lugar en julio de 2015.
Los Estados que ratifican los Pactos de derechos humanos asumen la obligación de presentar informes periódicos de revisión de los avances y compromisos. Para ello se establece un procedimiento donde participan tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil. Los Estados envían un primer informe detallando las políticas que existen para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones. Las organizaciones pueden también presentar informes complementarios, como hizo Rights International Spain (RIS).

En este proceso el Comité ha solicitado a España que presente información al entender que se pueden estar cometiendo abusos contra las personas extranjeras en los procedimientos de expulsión, sobre todo población marroquí, y que muchas de estas expulsiones no están cumpliendo los procedimientos establecidos. Recaba también información sobre las medidas adoptadas para terminar con los controles policiales basado en perfiles raciales y étnicos.

Asimismo solicitan información las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado laboral, sobre la brecha salarial y la segregación ocupacional y sobre los avances en la lucha contra la violencia de género.

Pueden consultarse los informes presentados por el Estado y por organizaciones de la sociedad civil en este enlace: Sesión 114 Comité para los Derechos Civiles y Políticos

El derecho a la alimentación en España

Hace unas semanas se celebraba el Día Mundial de la Alimentación. Y en este sentido, nos parece importante abordar la situación de este derecho en España.
El derecho a la alimentación adecuada está reconocido en los distintos tratados internacionales que ha firmado y ratificado el Estado español. Sin embargo en estos momentos la situación de este derecho está siendo vulnerada para muchas familias. En este sentido se pronunciaron distintas organizaciones sociales en un informe presentado al Consejo de Derechos humanos con motivo de la revisión de la situación de los derechos humanos de España, en el Informe Periódico Universal de las Naciones Unidas 
http://www.idhc.org/esp/documents/incidencia/epu/20140613_Presentacion_Conjunta_EPU2015.pdf)

Se calcula que el 16% de la población española sufre de malnutrición. La Federación de Bancos de Alimentos (FESBAL) atendió a 1,5 millones de personas en 2012, el doble que en 2008. También Caritas ha pasado de atender de 350.000 a 1,3 millones en 2013, a través de sus comedores o almacenes. Cruz Roja atiende a 2,4 millones.. 

A esto habría que sumar muchas iniciativas vecinales y ciudadanas que tratan también de paliar, en la medida que pueden, esta situación que se presenta en sus municipios y lugares cercanos. Son muchas las despensas solidarias, bancos de alimentos o programas similares que se están organizando por distintos lugares, y que apoyan en alimentos a la población, ante un recorte de las políticas sociales y disminución de los programas de apoyo a nivel municipal.

Y sin embargo en este contexto que cada vez dificulta más que muchas familias puedan cubrir de manera digna sus necesidades de alimentación, se han eliminado ayudas como la renta básica de emancipación, ayudas a la dependencia, y a la vez son cada vez más duros los requisitos para acceder a prestaciones sociales. Tampoco las políticas sociales relacionadas con el sistema educativo contribuyen a abordar esta situación de manera proactiva. La reducción de las becas de comedor ha afectado a muchos niños y niñas, cuya única fuente de alimentación proporcionada y adecuada, era la comida en los comedores escolares. Y en el ámbito de la educación secundaria el horario continuado ha supuesto la eliminación de becas de comedor, y al mismo tiempo, la no asunción por parte del Estado de asumir responsabilidades en este aspecto.

Como señala también ese informe, en estos momentos las transferencias sociales contribuyen de modo insuficiente a la reducción de la pobreza y la precariedad laboral.   

Desde los movimientos sociales, desde las organizaciones, se hace un esfuerzo importante por tratar de paliar situaciones de recorte de derechos. Y esto es importante. Pero tampoco puede perderse de vista que la garantía, la promoción y la protección de los derechos es una obligación estatal. Que el Estado delegue responsabilidad en manos de las entidades caritativas, privadas o iniciativas ciudadanas, no es más que una no asunción de sus obligaciones, obligaciones que no podemos olvidar, ha contraído.