miércoles, 10 de abril de 2013

Tratado de Naciones Unidas sobre el comercio de armas

La semana pasada, la Asamblea General de  Naciones Unidas aprobó un Tratado sobre comercio de armas, que prohibe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Se trata de un tratado que de alguna manera busca la deseada coherencia de la lucha y defensa de los derechos humanos con otras políticas, que también tienen mucha relación y que muchas veces van por otro lado ( como puede ser la política comercial de muchos países, o ésta relacionada con la industria armamentística).

Corea del Norte, Irán y Siria, trataron de bloquear la aprobación del tratado, que fue sin embargo votado por un total de 154 Estados.

El tratado contempla la obligación de los gobiernos de evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros paises donde se puedan cometer o facilitar violaciones de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha jugado un papel clave desde los noventa para conseguir alguna normativa en este sentido.

Ahora, como con el resto de tratados de Naciones Unidas, es necesario movilizar a la sociedad civil para conseguir que sus Estados lo firmen y ratifiquen. En este sentido, la Coalición Armas bajo Control, que representa a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 120 países, ha hecho un llamamiento y pide  a todos los gobiernos que se comprometan a aprobar la legislación nacional necesaria para que entre en vigor lo antes posible.

Texto completo de la resolución, en http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/Draft_ATT_text_27_Mar_2013-S-reissued.pdf




viernes, 5 de abril de 2013

Apoyamos la Iniciativa Ciudadana Europea por el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento como derecho humano

¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!

La Iniciativa Ciudadana Europea es una nueva herramienta de democracia participativa en Europa que entró en vigor el 1 de abril de 2012. Consiste en que los ciudadanos incorporen en la agenda política europea un determinado tema, previa recogida de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros de la UE; este proceso participativo se enmarca en el mayor protagonismo que la Comisión Europea pretende otorgar a los ciudadanos en el proceso político europeo.
La Iniciativa Ciudadana Europea "El derecho al agua y saneamiento como derecho humano - El agua no es un bien comercial, sino un bien público" aglutina a sindicatos europeos de servicios públicos, colectivos de lucha contra la pobreza, asociaciones ecologistas y ciudadanos/as. Tiene como objetivo presionar a la Comisión Europea a que adopte un cambio de enfoque que sustituya la competencia y la omnipresencia del mercado por la prestación de servicios públicos y el disfrute de derechos. El agua es un recurso natural limitado y un bien público esencial para la vida y la salud, por lo que esta Iniciativa Ciudadana presenta la siguiente declaración:

Se invita a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para la implementación del derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos.

Objetivos principales: 
La legislación de la UE debe exigir a los gobiernos que garanticen y proporcionen a todos los ciudadanos servicios de agua potable y saneamiento convenientes.
Instamos a que: 1. por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento; 2. el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por “las normas del mercado interior” y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización; 3. la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.

¿Por qué es importante difundir y proteger el derecho humano al agua?
Por derecho humano al agua y el saneamiento se entiende el derecho de toda las personas a agua potable segura y limpia, y al saneamiento. El agua debe encontrarse en condiciones suficientes y aceptables de suministro, accesibilidad y coste. Esto significa que es responsabilidad de los Estados garantizar la prestación universal de dichos servicios. Así lo han acordado tanto la Asamblea General de la ONU como su Consejo de Derechos Humanos en el año 2010, (ya en 2002 el derecho humano al agua fue reconocido en la Observación General 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). La aplicación progresiva y efectiva de tales derechos, con todos los medios disponibles, corresponde a los Estados.
El aspecto más importante del derecho humano al agua y al saneamiento es que es un factor de ciudadanía, de empoderamiento y de equidad social. El agua y el saneamiento ya no son necesidades que pueda cubrir o no el Estado, sino derechos humanos, en los que pueden ampararse las personas, y que el Estado tiene deber de garantizar. Al reconocerse este derecho, se produce un cambio de dinámica en el sentido de la rendición de cuentas de las autoridades. La Unión Europea debe alinearse con la consecución del acceso universal (y global) al agua y saneamiento, y la preservación de los limitados recursos hídricos públicos para las generaciones futuras.
 A un año de su lanzamiento en 2012, la Iniciativa Ciudadana Europea "El derecho al agua y saneamiento como derecho humano - El agua no es un bien comercial, sino un bien público"  lleva más de un 1.332.000 firmas recogidas y su objetivo actual es alcanzar dos millones de firmas para septiembre 2013.

jueves, 4 de abril de 2013

Informe Foessa 2013 " Desigualdad y Derechos sociales"

Hace unos días la  Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) presentaba su último informe con el título “Desigualdad y derechos sociales Análisis y perspectivas”, estudio que muestra de manera contundente la dimensión de los efectos sociales de la crisis en las personas más vulnerables.  

Algunas de las notas que apunta son: 

Aumenta la brecha social y la desigualdad

La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas con más posibilidades de acceso a bienes y servicios es alarmante. El nivel de ingresos  medios de las personas más ricas de España es siete veces superior al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Este indicador se ha incrementado en un 30% desde el inicio de la crisis.

Hay en estos momentos un aumento sin precedentes en la desigualdad de ingresos.  

En estos momentos los indicadores de desigualdad en España son los más altos de la Unión Europea.

El porcentaje de hogares en los que todos los activos están sin trabajo ha aumentado del 2,5% del total al 10,6% del total de hogares En términos absolutos, el Informe indica que se ha pasado de 380.000 hogares en esta situación antes de la crisis a más de 1.800.000 a finales de 2012.

 Descenso del nivel de rentas

Señala el informe que desde 2007 la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se han incrementado en un 10%, lo que ha provocado un deterioro de las rentas de los ciudadanos españoles sin parangón en las últimas décadas.

Pero uno de los rasgos mas preocupantes es el aumento sin precedentes de la desigualdad en los ingresos.

Recortes y destrucción de empleo

La evolución del empleo es uno de los factores que más están contribuyendo al deterioro de la situación social de un número cada vez mayor de hogares, si se tiene en cuenta que durante el año 2012 el mercado de trabajo registró los que probablemente pueden caracterizarse como peores resultados de la etapa democrática.

La tasa de desempleo en España, del 26%, es 2,5 veces más alta que el promedio de la UE-27.

El empleo, lejos de garantizarse como derecho humano, se ha convertido en un privilegio, solo para una parte de la población.

Pobreza y exclusión social

Hay un 26,8% de personas en situación de pobreza y exclusión social, según los indicadores AROPE propuestos por la UE. La pobreza severa ha aumentado, reflejando el número de hogares sin ingresos, que han pasado de cerca de 300.000 a mediados de 2007 a más de 630.000 en 2012.

El porcentaje de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos ha pasado de un 30% en 2007 al 44,5% en 2012.

El secretario general de Cáritas Española, en la presentación del informe señalaba que “se está dando una especie de invisibilización de la pobreza y de la exclusión severa por saturación y extensión de la pobreza.

Añade el informe que los recortes han introducido niveles de fragmentación social cuya reducción costó varias décadas y grandes acuerdos sociales.

Objetivos del milenio y Agenda de desarrollo post 2015

Dimensiones clave del desarrollo humano como la desigualdad en oportunidades e ingresos, acceso a un trabajo digno, respeto de los derechos humanos, buen gobierno y fortalecimiento institucional o la paz y la seguridad, quedaron fuera de los ODM

Si bien algunos objetivos han representado avances, otros han experimentado importantes descensos, como el empleo vulnerable, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto al medioambiente y la responsabilidad común.
Fundación Foessa http://www.foessa.es/

viernes, 22 de marzo de 2013

Dia Mundial del Agua, 22 de Marzo


Hoy se celebra el Dia Mundial del Agua.
El derecho al agua y saneamiento constituye un elemento clave para la garantía del derecho a la vida y el derecho a la salud. Aunque explícitamente el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, no lo consideraba, el marco internacional de protección de los derechos humanos siempre lo ha tenido incorporado en otras convenciones, declaraciones o instrumentos.
A partir del año 2002 se inicia un proceso en el reconocimiento del agua como derecho, que culminó en 2010, con una declaración de la Asamblea y el Consejo de derechos humanos reconociendo el derecho al agua y saneamiento.
El derecho al agua se fundamenta  en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos del hombre del 1948, que recoge el derecho a la vida, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (PIDESC), de 1966, donde también se establece el derecho a un nivel de vida adecuado (art. 11)  y a la salud (art. 12).

El derecho al agua se ve garantizado cuando hay abastecimiento de agua de manera suficiente y continua para usos personales y domésticos, es un agua de calidad, carente de microorganismos o sustancias peligrosas que puedan perjudicar la salud. Asimismo tiene que ser accesible desde un punto de vista físico, y asequible económicamente.
El agua y sus servicios básicos deben garantizarse a todas las personas prestando especial atención a los sectores más vulnerables y marginados de la población.

Todas las personas tienen derecho a participar en la elaboración y planificación de las políticas de agua como condición básica para ejercer el derecho al agua.

 A pesar de esto, y según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- la privación de acceso al agua es una crisis silenciosa que experimenta la población más vulnerable y que toleran aquellos con los recursos, la tecnología y el poder político para resolverla. Es una crisis que se cobra más vidas a causa de las enfermedades que una guerra a través de las armas al mismo tiempo que refuerza las graves desigualdades de oportunidades.
En la actualidad cerca de 1000 millones de personas se ven privadas de su derecho de acceso a agua limpia y 2.500 millones carecen de saneamiento adecuado.
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel clave en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, así como en la denuncia de todas aquellas vulneraciones y violaciones que se producen en este ámbito.

2013 ha sido declarado como Año Internacional en la esfera del agua. La cooperación en la esfera del agua es crucial para la seguridad, la lucha contra la pobreza, la justicia social y la igualdad de género. La buena gestión y la cooperación entre los diferentes grupos de usuarios es fundamental para la garantía de este derechos.

Desde aqui, animamos a leer el manifiesto que ha hecho la Red de agua pública, http://redaguapublica.wordpress.com/ con el lema Día de Lucha contra la Privatización del Agua en Europa Austeridad y Buen Gobierno = Gestión Pública, Participativa y Transparente
También animamos a firmar la Iniciativa Ciudadana Europea que promueve el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, así como la exclusión del espacio del mercado de este tipo de servicios públicos en la UE, promoviendo nuevos modelos de gestión pública participativa y transparente.







martes, 19 de marzo de 2013

Informe conjunto al Comité de DESC, con motivo del 5º Informe periódico a España

Con motivo del 5º informe periódico a España, en mayo 2012, varias organizaciones presentaron un Informe conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde analizan la situación de estos derechos en virtud de los compromisos adoptados por España: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/JointSubmission19NGOs_Spain_CESCR48_sp.pdf
Nos parece un informe muy interesante en el que las organizaciones que firman el documento solicitan al Comité DESC que inste al Estado español a no adotar medidas regresivas y que tome en cuenta los derechos humanos a la hora de diseñar, implementar y evaluar estrategias tendentes a la recuperación económica. 
Se señala con contundencia que la crisis económica no puede ser una justificación para relegar a un segundo plano los DESC sino que su protección debe tener carácter prioritario.
En el año 2009 el Consejo de Derechos humanos exhortó a los Estados a que “tengan presente que las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades nacionales y la comunidad internacional en la realización de los derechos humanos señalando que los principios de ddhh deben guiar cualquier estrategia de recuperación para hacer frente a una recuperación económica. 
El informe recoge los principales principios de derechos humanos, y el contenido de derechos que en la actualidad están siendo objeto de un importante retroceso en España: derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho al trabajo o el derecho a un nivel de vida adecuado. 
España se ha convertido en uno de los países de la UE con menor proporción de ingresos al gasto público social. 
Los recortes suponen un acceso desigual de la población a los servicios sociales públicos dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.
Uno de las tendencias preocupantes es que España ha hecho un importante retroceso en el cumplimiento de dedicar el 0,7% de su PNB a AOD. Esta meta corresponde a una obligación del PIDESC de brindar cooperación y asistencia técnica a otros países con menores recursos.
También los pocos avances que ha habido en materia de coherencia de políticas para el desarrollo  plantean un gran interrogante sobre el impacto de otras políticas del gobierno como son las políticas migratorias y comerciales
El desempleo ha aumentado dramáticamente en los últimos 5 años, y mas de una de cada cinco personas están sin trabajo. El desempleo de larga duración se ha quintuplicado desde el inciio de la crisis en 2008. Son cifras que inciden de manera más acuciante en colectivos de mayor vulnerabilidad. 
Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza en España. El 22% de los hogares españoles vive por debajo del umbral de pobreza. 580.000 hogares en España no reciben ningún ingreso ( estudio Foessa y Cáritas). 
La desigualdad también está aumentando ( aumento del coeficiente Gini de 30,7 a 33,9 en 6 años-2004 a 2010), y la proporción del 20% de rentas más altas respecto al 20% de rentas más bajas ha aumentado de 6 a 6,9 en un solo año

El progreso hacia la universalización del sistema sanitario y el acceso a los servicios de salud se ha visto afectado negativamente por las medidas de austeridad y la reducción de gasto en este sector.España es uno de los pases de la UE  con menor tasa de gasto público en salud, y además el porcentaje varía muy significativamente de una comunidad a otra.  

Los drásticos recortes del gasto público en educación configuran una regresividad en este derecho. El sector de la educación es uno de los que ha sufrido mayor impacto por los recortes, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas.
Las consecuencias de estos recortes ponen en   riesgo no solo el derecho a la educación sino el derecho al trabajo y el derecho a un nivel de vida adecuado de las siguientes generaciones. 

Tampoco sale bien parada España en cuanto a la discriminación e igualdad de la mujer. Un contexto como el actual resta prioridad a los esfuerzos del Estado para combatir la discriminación por razón de género. Las mujeres continúan sufriendo discriminación, tanto en el mercado laboral como en la vida pública y privada. Su participación política sigue siendo inferior a la de los hombres. Sigue habiendo brecha salarial notable entre hombres y mujeres





viernes, 15 de marzo de 2013

Cuando la injusticia es negocio


Cuando la injusticia es un negocio. Arbitraje internacional de inversiones


Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones.

Informe publicado por CEO, Corporate Europe Observatory, y TNI, Transnational Institute. Autoras: Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, con aportaciones de Tyler Amos y Nick Buxton.

Los tratados internacionales de inversiones son acuerdos entre Estados y determinan los derechos de los inversores en los territorios de cada uno. Son, en gran medida, usados por poderosas corporaciones para demandar a los Gobiernos cuando estas consideran que un cambio en las políticas del Estado –aun cuando el cambio busque proteger a la salud pública o el medio ambiente– afecta sus ganancias.

Hasta fines de 2011, se habían firmado más de 3.000 tratados internacionales de inversión, generando un gran aumento de las demandas presentadas por inversores ante los tribunales de arbitraje internacional. Los costos de estas demandas pesan sobre los Gobiernos en forma de grandes facturas legales, el debilitamiento de la regulación social y ambiental y un peso en las cargas fiscales de las personas, a menudo en países con importantes necesidades sociales y económicas.

Sin embargo, aunque estos costos financieros y sociales son cada vez más visibles, hay un sector que se ha mantenido prácticamente al margen del escrutinio público: la industria jurídica que se está beneficiando con el auge de las disputas inversor-Estado. El presente informe trata de abordar este tema analizando, por primera vez, quiénes son los principales actores de la industria del arbitraje de inversiones. El objetivo es arrojar luz sobre las firmas de abogados, los árbitros y las compañías financiadoras que se están beneficiando ampliamente de las demandas contra los Gobiernos.

El informe demuestra que la industria del arbitraje está lejos de ser una beneficiaria pasiva de la legislación internacional en materia de inversiones. Por el contrario, los integrantes de esta industria desempeñan un papel activo. Muchos de los abogados especializados en inversiones mantienen fuertes vínculos personales y comerciales con compañías multinacionales y ostentan
cargos destacados en instituciones académicas, desde donde defienden enérgicamente el régimen internacional de inversiones. Así, no solo buscan las oportunidades para demandar a los Gobiernos, sino que también desarrollan una fuerte y exitosa campaña contra toda posible reforma de dicho régimen.

El sistema de arbitraje internacional de inversiones fue establecido por varios Gobiernos occidentales, que justificaron su instauración alegando que se necesitaba un mecanismo de solución de diferencias que fuera justo y neutral a la hora de proteger las inversiones de sus corporaciones frente a las supuestas situaciones de favoritismo y corrupción que se daban en los tribunales nacionales. En principio, los árbitros internacionales serían garantes y custodios de este régimen.

Sin embargo, se ha hecho evidente que, en lugar de actuar como intermediarios justos y neutrales, los árbitros internacionales tienen un enorme interés en salvaguardar un régimen de inversiones que prioriza los derechos de los inversores en detrimento de las decisiones de los Gobiernos. De este modo, han construido una industria multimillonaria que se autoalimenta, dominada por un selecto grupo de firmas y abogados cuyas interconexiones y numerosos intereses financieros plantean serias dudas sobre su compromiso de dictar sentencias justas e independientes.

Descárgate la publicación Cuando la injusticia es negocio  
Fuente:  Transnational Institute

sábado, 9 de marzo de 2013

Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas


remunicipalizacion: retornar el agua a manos publicas
Editado por  Martin Pigeon, David A. McDonald, Olivier Hoedeman and Satoko Kishimoto. Transnational Institute, Amsterdam.

Recomendamos esta sugestiva lectura para fomentar el debate y el análisis comparativo con las actuales propuestas privatizadoras en muchos municipios españoles (Candeleda, Puerto de Santa María, Huelva, Madrid y muchos más). Así comienza el capítulo I:

«No es fácil para muchos reconocerlo,  pero los procesos de remunicipalización están creciendo y convirtiéndose en tendencia en el sector del agua. La remunicipalización, que consiste en transferir los servicios desde las compañías de privadas de agua a las autoridades municipales, demuestra que el sector público puede superar la gestión del sector privado y ser un proveedor de agua efectivo en cualquier lugar del mundo.

Este libro revisa cinco ejemplos recientes de remunicipalización – en París (Francia), Dar es Salaam (Tanzania), Buenos Aires (Argentina), Hamilton (Canadá), y diversos municipios de Malasia- , analizando por qué está ocurriendo, cómo están teniendo lugar estas transformaciones, el impacto positivo del control público de los servicios, y las lecciones aprendidas de estas experiencias.

Las razones para la remunicipalización son diversas, pero en gran parte están vinculadas al fracaso de la privatización del agua. Incluso el Banco Mundial ha hecho un llamamiento a “repensar” las políticas privatizadoras, reconociendo los problemas regulatorios asociados con los proveedores multinacionales de agua, y tras comprobar los efectos que el modelo de gestión orientado a generar beneficios puede tener en los trabajadores,  los hogares con bajos ingresos y el medio ambiente. 
 
Como resultado, se ha ralentizado la privatización de servicios de agua en relación con las décadas de los 80 y 90, pero el afán mercantilizador continúa, especialmente a través de los PPP, los llamados partenariados públicos-privados.

 En efecto, el Banco Mundial y muchas agencias de Naciones Unidas todavía abogan por la participación del sector privado en la provisión de agua y continúan invirtiendo en think tanks, conferencias y publicaciones que promueven  y financian la involucración de empresas privadas en la gestión de servicios de agua en todo el mundo.

No es de extrañar que la resistencia a esta tendencia privatizadora continúe también. Desde las protestas callejeras en Cochabamba, Bolivia, que forzaron a las compañías multinacionales a abandonar la ciudad en el año 2000, a los movimientos de base que luchan, en India y Estados Unidos, para proteger sus aguas subterráneas frente a las empresas embotelladoras de agua, a las investigaciones y trabajos académicos acerca de la mercantilización del agua, la movilización contra la privatización del agua sigue siendo intensa».