martes, 19 de marzo de 2013

Informe conjunto al Comité de DESC, con motivo del 5º Informe periódico a España

Con motivo del 5º informe periódico a España, en mayo 2012, varias organizaciones presentaron un Informe conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde analizan la situación de estos derechos en virtud de los compromisos adoptados por España: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/JointSubmission19NGOs_Spain_CESCR48_sp.pdf
Nos parece un informe muy interesante en el que las organizaciones que firman el documento solicitan al Comité DESC que inste al Estado español a no adotar medidas regresivas y que tome en cuenta los derechos humanos a la hora de diseñar, implementar y evaluar estrategias tendentes a la recuperación económica. 
Se señala con contundencia que la crisis económica no puede ser una justificación para relegar a un segundo plano los DESC sino que su protección debe tener carácter prioritario.
En el año 2009 el Consejo de Derechos humanos exhortó a los Estados a que “tengan presente que las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades nacionales y la comunidad internacional en la realización de los derechos humanos señalando que los principios de ddhh deben guiar cualquier estrategia de recuperación para hacer frente a una recuperación económica. 
El informe recoge los principales principios de derechos humanos, y el contenido de derechos que en la actualidad están siendo objeto de un importante retroceso en España: derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, el derecho al trabajo o el derecho a un nivel de vida adecuado. 
España se ha convertido en uno de los países de la UE con menor proporción de ingresos al gasto público social. 
Los recortes suponen un acceso desigual de la población a los servicios sociales públicos dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.
Uno de las tendencias preocupantes es que España ha hecho un importante retroceso en el cumplimiento de dedicar el 0,7% de su PNB a AOD. Esta meta corresponde a una obligación del PIDESC de brindar cooperación y asistencia técnica a otros países con menores recursos.
También los pocos avances que ha habido en materia de coherencia de políticas para el desarrollo  plantean un gran interrogante sobre el impacto de otras políticas del gobierno como son las políticas migratorias y comerciales
El desempleo ha aumentado dramáticamente en los últimos 5 años, y mas de una de cada cinco personas están sin trabajo. El desempleo de larga duración se ha quintuplicado desde el inciio de la crisis en 2008. Son cifras que inciden de manera más acuciante en colectivos de mayor vulnerabilidad. 
Una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza en España. El 22% de los hogares españoles vive por debajo del umbral de pobreza. 580.000 hogares en España no reciben ningún ingreso ( estudio Foessa y Cáritas). 
La desigualdad también está aumentando ( aumento del coeficiente Gini de 30,7 a 33,9 en 6 años-2004 a 2010), y la proporción del 20% de rentas más altas respecto al 20% de rentas más bajas ha aumentado de 6 a 6,9 en un solo año

El progreso hacia la universalización del sistema sanitario y el acceso a los servicios de salud se ha visto afectado negativamente por las medidas de austeridad y la reducción de gasto en este sector.España es uno de los pases de la UE  con menor tasa de gasto público en salud, y además el porcentaje varía muy significativamente de una comunidad a otra.  

Los drásticos recortes del gasto público en educación configuran una regresividad en este derecho. El sector de la educación es uno de los que ha sufrido mayor impacto por los recortes, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas.
Las consecuencias de estos recortes ponen en   riesgo no solo el derecho a la educación sino el derecho al trabajo y el derecho a un nivel de vida adecuado de las siguientes generaciones. 

Tampoco sale bien parada España en cuanto a la discriminación e igualdad de la mujer. Un contexto como el actual resta prioridad a los esfuerzos del Estado para combatir la discriminación por razón de género. Las mujeres continúan sufriendo discriminación, tanto en el mercado laboral como en la vida pública y privada. Su participación política sigue siendo inferior a la de los hombres. Sigue habiendo brecha salarial notable entre hombres y mujeres





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