Empresas y derecho al agua y al saneamiento

 

Hace unas semanas se celebraba en Sevilla un congreso sobre la implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. También esta semana tendrá lugar en Ginebra el Segundo Foro anual sobre Empresas y derechos humanos. En este foro se analizarán los avances en estos principios y los impactos de las empresas en los derechos humanos. 

Al hilo de esta jornada, presentamos un artículo sobre el papel de las empresas como titulares de obligaciones y responsabilidades en la garantía y realización del derecho al agua y al saneamiento.

Aunque no hay duda en que los Estados son los últimos garantes de este derecho, el problema se plantea cuando en alguna de las fases de la gestión de servicios esenciales a la poblacion ( como es el caso del agua y el sanamiento), intervienen otro tipo de actores diferentes a los estatales, bien sea a traves de la administracion directa, prestación delegada de servicios o prestación informal. Situación que además es cada vez más usual.

Sea cual sea el  modelo de gestión, el debate privatizaciones versus gestion estatal, adquiere un especial matiz cuando estamos hablando de la gestión de un servicio que es un derecho humano. 

En este sentido, no podemos perder de vista el marco normativo internacional, que en este aspecto se ha manifestado en varias ocasiones, señalando que aunque un estado privatice la gestión del agua y del saneamiento, tiene la obligación de supervisar  a quien presta el servicio, y velar porque esa gestión privada se realice de manera coherente con el efectivo ejercicio del derecho. Esto implica que aquellos actores que asuman este rol se comprometen con los estándares internacionales y las categorías y elementos que conforman el derecho al agua y al saneamiento, y por tanto pasan a ser titulares de obligaciones y responsabilidades del derecho. 

Pero también los actores privados que asumen la gestión de servicios de agua y saneamiento se corresponsabilizan y asumen responsabilidades y obligaciones para lograr la plena realización del derecho y lo que esto implica. La empresa que gestiona servicios relacionados con el derecho al agua y al saneamiento debe por tanto poner en práctica diferentes medidas que incluyan el compromiso político de respetarlo, la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas, y contemplar procesos de reparación de todas las consecuencias negativas que puedan producirse.

Privatizar un servicio que es un derecho humano no puede implicar un vacio legal que exonere de responsabilidades y obligaciones a todos los actores implicados en la garantía y realización del mismo.