"Llevábamos más de 30 años preservando la verdad y soñando con que alguien nos dijera formalmente: "vosotros tenéis la razón". Es una dignificación personal". Rigoberta Menchú
Amnistía Internacional - Comunicados de prensa
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| Familiares de víctimas y sobrevivientes provenientes del triángulo Ixil esperan la resolución de un juicio histórico. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc) |
11 mayo 2013.- La condena del ex presidente General Efraín Ríos Montt de Guatemala por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato es un paso histórico en la larga lucha del país por la justicia, ha manifestado Amnistía Internacional.
El general Efraín Ríos Montt fue declarado culpable y condenado a 80 años por su papel como autor intelectual de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del Triángulo Ixil del departamento de Quiché Sur en 1982 y 1983 durante el conflicto armado interno de Guatemala.
El general José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia del General Ríos Montt durante su tiempo en el poder, fue declarado no culpable de los mismos cargos.
"Con esta condena, Guatemala lidera con su ejemplo en una región donde la arraigada impunidad de los crímenes del pasado sigue siendo lamentablemente la norma", dijo Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala de Amnistía Internacional.
"Guatemala debe ahora dar continuidad a este momento histórico, garantizando que todos los que participaron en el asesinato, la tortura, la violación y desaparición de decenas de miles de personas sean llevados ante la justicia."
Una comisión de la verdad respaldada por la ONU encontró que cerca de 200.000 personas murieron o desaparecieron durante los 36 años de guerra civil de en Guatemala (1960-1996). Más del 80% eran de origen indígena maya.
A pesar de los recientes esfuerzos por fortalecer la justicia y la rendición de cuentas por los abusos del pasado, las fuerzas armadas guatemaltecas siguen siendo poco cooperativas en lo que respecta a las investigaciones de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
El ejército sigue negándose a proporcionar información en las investigaciones sobre los homicidios, las desapariciones forzadas, el uso de la violación como arma de guerra y otros crímenes cometidos durante el conflicto.
El hecho de no presentar la documentación supone una pesada carga para las familias y las víctimas que buscan justicia, o simplemente tratan de encontrar el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
"La condena de hoy debe servir como un recordatorio para el actual gobierno de su deber hacia las víctimas de la guerra. El Presidente debería aprovechar esta oportunidad para garantizar una verdadera cooperación del ejército con las investigaciones sobre los crímenes del pasado ".
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