Interesante
artículo publicado en el diario.es en el que Rodolfo Reiznik señala que los 17 años de
vida del mercado eléctrico han puesto encima de la mesa una modalidad de
pobreza que pensábamos que estaba ya superada, la pobreza energética.
Cuando hablamos de pobreza energética nos referimos a " la incapacidad
de un hogar satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir sus
necesidades básicas" como la climatización del hogar cocinar, asearse,
etc.
En estos momentos la falta de acceso y disponibilidad de energía
eléctrica, por no poder pagar la factura, puede suponer un riesgo grave y una amenaza para el derecho
a la salud e incluso el derecho a la vida.
Desde
que inició la crisis las familias afectadas por el desempleo o la reducción de
los salarios, la disminución de los apoyos sociales, y la caída de ingresos, ha
hecho que una parte importante de la población no tenga capacidad suficiente
para afrontar los gastos derivados del uso de energía eléctrica en sus
viviendas.
Las
familias van desarrollando estrategias de disminución del gasto, que en muchos
casos pasa por una reducción en el uso de la energía ( bien para calefacción o
para agua caliente) y en muchos casos, deriva una imposibilidad del pago por
tener que dedicarlo a otras necesidades básicas como la alimentación. Este impago tiene la consecuencia directa en
muchos casos del corte en el suministro.
Señala
el artículo que una familia gasta de
promedio en energía un 10% de los ingresos disponibles. Si este dato lo
cruzamos con los dos millones de hogares
con todos sus miembros en paro, al menos el 7,2% de los hogares
españoles no tienen recursos para afrontar los gastos de electricidad. La
Comisión Nacional de la Energía ha señalado que el 5% de la población española
ha tenido problemas para pagar los recibos de la luz ya en 2012, y a 1,4
millones de viviendas se les cortó el servicio
Entre
2008 y 2013 la subida de la electricidad fue de un 9%. Mientras tanto las tres
compañías eléctricas dominantes (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Unión Fenosa) han declarado un
beneficio neto en conjunto de 45.000 millones de euros en la misma etapa.
La
subasta de electricidad de "último recurso", la llamada CESUR, en
diciembre de 2013 concluyó con un incremento del precio de la luz en 11% llevando
al gobierno a tener que suspender ese procedimiento tarifario.
En
17 años el mercado eléctrico no ha traído ninguna mejora a los ciudadanos: ni
han bajado los precios de la energía, ni los ciudadanos perciben un cambio en
la calidad y confiabilidad del servicio en relación al sistema regulado que había antes de 1997.
En
el momento en que servicios como el suministro eléctrico, pasan a formar parte
de un mercado y a cotizar en bolsa, al margen de que tiene que ver con derechos
básicos, el mercado eléctrico, seguirá sin duda castigando a los más débiles
sin que se adopte solución alguna para estabilizar el precio y asegurar el
acceso a un servicio básico para la población.
No
nos cansaremos de repetir que hay determinados servicios que no deben dejarse
en manos del mercado, porque de otra manera, acabarán vulnerando y violando
derechos básicos que garantizan y permiten una vida digna.
Para profundizar: pobreza energética
